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Mingote y el Museo del Prado (Sat, 16 Feb 2019)
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Tres muertos en un choque entre dos vehículos en Pozuelo del Rey (Sat, 16 Feb 2019)
Tres personas han muerto esta noche en un accidente de tráfico, en un choque frontolateral entre dos vehículos en la carretera M-219 a la altura del kilómetro 12, en el término municipal de Pozuelo del Rey, en el este de la Comunidad de Madrid. Según ha informado a Efe un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el accidente ha ocurrido poco antes de medianoche cuando, por causas sin determinar, los dos turismos han colisionado quedando ambos fuera de la carretera. Al lugar del accidente se han desplazado varias ambulancias móviles del Summa, así como dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que tras llegar al lugar del suceso han atendido a tres personas accidentadas, dos en un vehículo y la tercera en el otro. Los tres fallecidos, son una mujer de 31 años y un hombre de 34 años, conductor y acompañante, y un hombre de 44 años, teniendo que ser todos ellos excarcelados por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Efectivos médicos del Summa han confirmado en el lugar de los hechos la muerte de las tres víctimas. La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación del accidente.
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Pedro y su circunstancia (Sat, 16 Feb 2019)
Como en un chiringuito televisado de postfútbol, lo mejor del partido fue la tertulia que vino después. De comentaristas y hooligans ejercieron las ministras de Educación y Justicia, rendidas al genio y el hechizo de Sánchez, del que son comparsa y circunstancia. «Ha sido un discurso de Estado», dijo Celaá. «Sus decisiones nos marcarán a todos como españoles y se proyectarán en el futuro», siguió Delgado, que algo sabe de las proyecciones futuras de un pasado que casi siempre queda grabado. Éxito garantizado. No hubo cortes para publicidad, valga la redundancia. Todo fue product placement. Sin necesidad de rebobinar la secuencia y aplicar el VAR, la portavoz del Gobierno dictaminó que ayer no hubo mitin en La Moncloa. «Vayan ustedes a... Ver Más
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28-A: así llegan los partidos al inicio de la carrera por ganar las elecciones (Sat, 16 Feb 2019)
España se enfrenta a una primavera marcada por las citas electorales. El fin de la XII legislatura, que nació tras la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, llega después del rechazo frontal a unos Presupuestos que entraron muertos en el Congreso. Con ese escenario, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha encarado una semana frenética que ha terminado con la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Sánchez, que ayer ejecutó en Moncloa su primer acto de campaña disfrazado de declaración institucional, anunció que los españoles ejercerán su derecho al voto el próximo 28 de abril. La fecha, la preferida del presidente y de su núcleo duro, no era un secreto. Desde que se filtrase el 14 de abril como posible cita electoral, el primer domingo después de Semana Santa se postuló como la opción más viable. Un día para el que será difícil asegurar con antelación cuál puede ser el resultado de unos comicios que estarán marcados por un escenario volátil. Reflejo de ello son las encuestas, que dibujan un mapa electoral cambiante desde el pasado mes de julio en el que la suma de los bloques será capital para conformar gobierno. El primer GAD 3 para ABC tras la moción de censura a Rajoy y la celebración del proceso de primarias del PP, realizado en julio de 2018, reflejaba aún la caída de los populares, que se dejaban más de 30 puntos respecto a los resultados de las elecciones del 26-J. Esta fue, sin embargo, la primera vez que el PP frenaba la pérdida de apoyos durante el pasado año y recuperaba un tímido 0,6 % de respaldo. La formación sumaba 104 escaños frente a los 137 escaños de las elecciones del 26-J. Dos meses después, en septiembre, y tras los primeros pasos de Pablo Casado al frente del partido, recuperaba apoyo pero lejos del punto de partida: 106 escaños, que se traducirían en un 20,5 % de intención de voto. Una tendencia que se mantuvo en los meses siguientes. El PP hundió su techo electoral hasta los 89 escaños (en diciembre de 2018). Sin embargo, la resaca de las elecciones andaluzas y el trasvase de votos desde Ciudadanos fue clave en enero de este año para recuperar 8 diputados y subir hasta los 97 escaños (23% en intención de voto) en la encuesta de GAD 3. Aún así, Casado se muestra confiado y ve a su formación con margen para liderar la próxima legislatura. El PSOE, por su parte, encara la carrera electoral con el reto de mejorar los 84 escaños que obtuvo en julio de 2016. Pese a la cercanía entre las dos grandes citas electorales del año, desde el PSOE, tal y como informó Víctor Ruiz de Almirón, se muestran convencidos de que tras los últimos acontecimientos «la campaña está hecha». Así, su estrategia pasa por estrechar el espacio a Ciudadanos , equiparándolo con los partidos conservadores, y cargar contra los independentistas por alinearse con la derecha al no apoyar los Presupuestos. Si se miran las encuestas, el PSOE de Pedro Sánchez ha mejorado desde su llegada a La Moncloa. En julio de 2018 creció de los 84 a los 113 escaños. En septiembre, tras el escándalo del plagio de la tesis de Sánchez y las dimisiones de varios ministros, bajaron hasta los 106 diputados y empataban con el PP, pero en enero, tras las elecciones andaluzas, volvieron a crecer. El primer GAD 3 del año dio a los socialistas 111 escaños o, lo que es lo mismo, un 26,5% de los apoyos. Si se comparan estos datos con el CIS, el ente vaticina que la subida del PSOE es aún mayor. El organismo que dirige Tezanos dibuja una línea ascendente que ha situado, sistemáticamente, a los socialistas como primera fuerza política. El último barómetro del CIS otorga al PSOE un 29,9 % de los apoyos. Frente al escenario optimista de los socialistas se sitúa el que el CIS presagia para el resto de formaciones. El PP, que sería la segunda fuerza política según GAD 3, cae hasta la cuarta plaza en la última encuesta del CIS con el 14,9 % de los apoyos. Muy lejos del primer resultado que le dio el pasado mes de julio cuando llevaba un mes al frente de la oposición, y sumaba el 20,4 % de los apoyos. El futuro de Cs y Unidos Podemos Ciudadanos, que obtuvo 32 escaños en las últimas elecciones generales, habría duplicado sus resultados en estos tres años. La formación que lidera Rivera va en escalada desde el primer GAD 3 de julio de 2018 en el que duplicó su resultado hasta los 66 diputados y un 19,6 % de apoyos. Su mejor dato llegó en diciembre de 2018, que elevó tu techo hasta los 74 escaños, pero tras las elecciones andaluzas el partido naranja perdió 13 puntos debido al auge de Vox, hasta alcanzar los 61 escaños (y el 17,1 % de los apoyos). Así, su estrategia pasa por diferenciarse en ese bloque de derechas -que Rivera ya reivindica como caduco al hablar de «liberales» y «conservadores»- como la opción de centro y desde ayer habla de «construir una mayoría alternativa» que pasa por dejar al PSOE «en la oposición». En paralelo, el camino de Unidos Podemos, y su resultado el próximo 28-A, es una de las claves para dirimir el puzzle de poder de los próximos cuatro años. La confluencia liderada por Pablo Iglesias se desploma, según las encuestas, y cae desde los 71 diputados que obtuvo en 2016 a los 31 que le otorga GAD 3 en su primer barómetro del año. La pérdida de casi la mitad de sus apoyos, si no mejora de aquí a los comicios, podría suponer que el PSOE se quedase sin opciones de gobierno al no tener un partido con el que sumar (ni siquiera contando con las formaciones independentistas a pesar de su negativa a apoyar los PGE). A pesar de la realidad demoscópica, y de los últimos envites internos que han azotado la formación desde la salida de Errejón, Pablo Iglesias, que gozará de su baja de paternidad por completo y llegará a punto para la campaña, y también Irene Montero han advertido varias veces que su partido sale «a ganar» La pérdida de la mitad de los apoyos, si Unidos Podemos no mejora de aquí a los comicios, podría suponer que el PSOE se quedase sin opciones de gobierno al no tener un partido con el que sumar El CIS también desliza la misma tendencia en ambas formaciones y las encuestas de Tezanos apuntan a la pérdida de apoyo. Con pocas variaciones en el resultado, desde julio de 2018, convertido ya en el sostén del Gobierno de Sánchez, hasta enero de 2019, tras el catastrófico resultado en las elecciones andaluzas, Podemos pasa del 15,6% de los apoyos al 15,4 %. Esto le situaría como tercer partido más votado. Por su parte, Ciudadanos se situó como segunda fuerza política, en un empate técnico con el PP, con un 20,4% de intención de voto, según el CIS de julio de 2018. Sin embargo, el último barómetro refleja una leve caída hasta el 17,7%. Aún así, la bajada del resto de formaciones según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas le coloca como el segundo partido más votado. Vox, clave para sumar En este mapa de poder Vox, que previsiblemente jugará como baza de campaña el juicio del procès, se dibuja como la llave para conformar el próximo Gobierno del país. Su posible auge, junto al batacazo de Podemos, daría la mayoría absoluta al bloque de las fuerzas de derecha. El partido de Abascal, que parte de cero, podría irrumpir en el Congreso, según el último GAD 3, con 23 escaños (que se traducirían en un 9,8% de los apoyos). Así, la suma de las tres formaciones, si se reeditase un pacto a la andaluza, superaría la mayoría absoluta y llegaría a los 181 diputados. Más comedido se muestra el CIS de Tezanos con Vox, como ya hiciera ante las elecciones en Andalucía, y solo le otorga el 6,5% de los apoyos (duplicando, eso sí, el resultado desde que fuera incluido en el barómetro en diciembre de 2018). El papel de la formación dependerá, entre otros factores, del modo en el que se materialice el reparto de votos en cada circunscripción, que será fundamental para la obtención de representación.
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PSOE e IU serán juzgados por lucrarse de una trama de corrupción en Sevilla (Sat, 16 Feb 2019)
Comisiones y dinero negro en efectivo a cambio de adjudicaciones públicas a dedo, en cuestiones de la vida cotidiana como la instalación de aparatos de gimnasia para mayores en un parque al aire libre. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió juicio oral ayer contra 88 personas por el caso Madeja, una supuesta red de corrupción que nació en Andalucía. Esta causa se conoce como «el paradigma de la corrupción de cargos intermedios» –afectó a múltiples funcionarios de nivel medio– y pudrió los engranajes de la administración público. El epicentro es la empresa Fitonovo, dedicada en teoría a la consultoría ambiental, y la trama actuó entre 1995 y 2013: comenzó con España asomada a un horizonte de prosperidad de apariencia interminable y cayó en el diván de la crisis económica. Partícipes a título lucrativo Por las actividades de la trama en el ayuntamiento de Sevilla serán juzgados como partícipes a título lucrativo el PSOE e IU, a quienes el magistrado acusa de beneficiarse económicamente de la actividad delictiva sin conocer ni participar en los delitos. Es la misma condición por la que se enjuició y condenó al PP en el caso Gürtel, en la sentencia que condujo a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Según el magistrado, el PSOE se lucró en un importe de 159.839,36 euros por el pago de las obras en la Agrupación Local Macarena del PSOE, «así como otros pagos en efectivo». Los artífices fueron los acusados el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño y el exedil socialista Manuel Gómez Lobo, «a cambio de adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor a la empresa». Los pagos se «parapetaron» en facturas de otras sociedades. IU recibió de la trama 155.000 euros –en mano de los investigados José Manuel García Martínez, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona– «a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron», sobre todo en relación con los expedientes de once campos de fútbol. García Martínez y Rodrigo Torrijos eran portavoces municipales de IU en el ayuntamiento, y el último además era el primer teniente de alcalde. «Estas organizaciones políticas, con las maniobras de los imputados, consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)», explica el juez De la Mata. Con este paso, el magistrado envía a juicio seis piezas de un caso que se investigó en un principio en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, una causa que investigó la juez Mercedes Alaya hasta que se envió a la Audiencia Nacional por su perjuicio a la seguridad del tráfico mercantil y a una generalidad de personas repartidas por varios territorios de España. En el conjunto de piezas, De la Mata abre juicio por los delitos que han puesto sobre la mesa las acusaciones: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. Otorga veinte días para que las defensas presenten los escritos con sus tesis e impone fianzas que en algunos casos alcanzan 13 millones. En el caso principal, el juez expone la esencia de la trama de los directores de Fitonovo, que crearon una infraestructura para obtener «contratos públicos irregulares» con una red de funcionarios corruptos, que les facilitaban las adjudicaciones, y con una caja B que se nutría de las facturas falsas. La podredumbre a baja escala. Las claves del caso El caso Madeja o Fitonovo se conoce como «el paradigma de la corrupción de los cargos intermedios», pues afectó a múltiples funcionarios de nivel medio. Como otras causas más conocidas, esta trama pervirtió la ley para adjudicarse contratos en actividades cotidianas como el mantenimiento de la vía pública o la adjudicación de jardines. El juez ha abierto juicio oral contra el PSOE e IU en condición de partícipes a título lucrativo. Esto significa que se pudieron lucrar de la actividad de la trama, ahorrarse un dinero, sin conocer ni participar en los delitos. Por el mismo concepto fue condenado el PP en la sentencia central del caso Gürtel, la que motivó la moción de censura contra Rajoy. El magistrado ha abierto juicio oral por seis piezas del caso Madeja o Fitonovo, una causa que comenzó a investigar la juez Mercedes Alaya hasta que llegó a la Audiencia Nacional por su perjuicio a la economía nacional. Las acusaciones atribuyen a los procesados delitos como fraude, cohecho, organización criminal, prevaricación, o blanqueo.
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Tajani se planta y prohíbe el acto de Puigdemont en la Eurocámara (Sat, 16 Feb 2019)
El presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, anunció ayer una decisión difícil pero valiente que consistió en prohibir, o como se dice en el documento oficial, «no autorizar», la celebración de una conferencia en la sede de la Eurocámara en Bruselas y en la que debían participar el expresidente autonómico Carles Puigdemont, fugado de la justicia española, y el actual titular de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. El argumento utilizado por los servicios legales del Parlamento en nombre del presidente de la cámara ha sido que el acto podría plantear un «alto riesgo» para el orden público. La conferencia estaba organizada por dos eurodiputados, uno independentista flamenco y otro de un partido minoritario esloveno, y no tenía ni programa ni objetivo, sino solamente quería facilitar la entrada formal de Puigdemont y Torra al edificio del Parlamento, teniendo en cuenta que desde que los responsables regionales catalanes se dedican a difundir ideas independentistas ya no son recibidos por autoridades legales de países europeos. Tajani ha tenido que utilizar de forma muy delicada el reglamento de la cámara para justificar la decisión que entra dentro de sus potestades, pero que es en todo caso extraordinaria, porque habitualmente por ese lugar suelen pasar los personajes más variopintos en todos los sentidos. El comunicado publicado por el Parlamento Europeo ayer por la mañana confirmaba que «de acuerdo a la evaluación (de los servicios de seguridad), hay un alto riesgo de que el evento propuesto pudiera plantear una amenaza al mantenimiento del orden público en las instalaciones del Parlamento». El dictamen ha tenido en cuenta varios elementos, incluyendo la reciente ocupación por parte de manifestantes de los edificios del Parlamento y de la Comisión Europea en Barcelona y «las tensiones relacionadas con el juicio contra los líderes independentistas catalanes que empezó el 12 de febrero». También se señala «la falta de información sobre los participantes en el evento, especialmente la posibilidad de incidentes» en torno al Parlamento. Puigdemont había sido invitado, junto al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, a pronunciar una conferencia sobre el juicio a los líderes de la órbita independentista en un acto organizado por dos eurodiputados nacionalistas en una sala de las dependencias de la Eurocámara, del que no se conocían más detalles que su presencia. El análisis concluye que «la amenaza para la seguridad que plantea el acto no puede ser controlada por los servicios de seguridad del Parlamento», según dice el comunicado que da cuenta de la decisión extraordinaria de Tajani. Los organizadores se habían descrito a sí mismos como miembros de la denominada «plataforma para el diálogo UE-Cataluña» en la que participan algunos eurodiputados que por distintas razones se manifiestan sensibles y simpatizan con el desafío secesionista ilegal en Cataluña. Se trata del belga independentista flamenco Ralph Packet y el eurodiputado y exministro de Exteriores esloveno, Ivo Vajgl, ahora representante del partido de los jubilados. El principal partido flamenco, la NV-A, es el mayor aliado de los independentistas en Europa, mientras que Torra ha elogiado en público la «vía eslovena» a la independencia que incluyó una confrontación armada y sangrienta. Este acto provocó la protesta de PSOE, PP y Ciudadanos, cuyos portavoces en la Eurocámara, pidieron por carta a Tajani que se impidiera la entrada de Puigdemont y la celebración de la conferencia. El jefe de la delegación española del PPE, Esteban González Pons, y el eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart, agradecieron después públicamente el gesto de Tajani, algo muy importante porque eso garantiza que la decisión del presidente de la Cámara no será cuestionada en estos grupos. González Pons publicó en su cuenta de Twitter un mensaje diciendo que «los independentistas no son bienvenidos en Europa. Si Puigdemont quiere protagonismo que se siente en el banquillo con sus compañeros. Da vergüenza verlo vivir a cuerpo de rey mientras su gobierno está ante los jueces. En Parlamento Europeo no hay sitio para golpistas traidores». «Somos hombres libres y nos expresaremos con libertad» La presidencia de la Generalitat hizo una estrafalaria lectura de la decisión de prohibir un acto en cuya organización teóricamente no participaba y respondió con una carta a Tajani que puede considerarse como un florilegio de falsedades y manipulaciones. La carta, firmada por Puigdemont y Torra, ambos como presidentes de la Generalitat, aunque con numeración correlativa, afirma que «el año pasado, ambos visitamos numerosos parlamentos y países con absoluta normalidad» incluyendo «Flandes, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Baviera, Eslovenia y Estados Unidos». Una relación tan pretenciosa como inexacta porque ni fueron los dos ni estuvieron en instituciones públicas ni fueron recibidos por nadie significativo y en ocasiones ni siquiera con normalidad, porque Puigdemont fue detenido en Alemania (aunque en la carta no dice que estuviera en este país sino solo en la región de Baviera). A Tajani le acusan de «censura» y advierten que si no rectifica su prohibición del acto, este se celebrará de todos modos en otro lugar. Y terminan diciendo que «nosotros somos ciudadanos libres y nos expresaremos con libertad», mientras esperan la respuesta de Tajani que reclaman «rápida, clara y democrática». Es poco probable que el presidente les responda, teniendo en cuenta que ni son eurodiputados ni son los organizadores del acto.
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Consejo de Ministros en campaña (Sat, 16 Feb 2019)
El Gobierno tiene toda la intención de aprovechar el tiempo que le queda hasta las elecciones para seguir plasmando una acción de Gobierno que sirva de escaparate electoral. El Ejecutivo tiene por delante dos Consejo de Ministros en los que aprobar Reales Decretos-leyes y aspirar a convalidarlos luego en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Además, el de ayer fue una muestra de que no va a dejar de plantear proyectos y medidas aunque muchas de ellas no puedan llegar a hacerse efectivas. El anuncio de la convocatoria de elecciones no pone fin al trabajo del Gobierno socialista. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado en su comparecencia en La Moncloa que seguirá trabajando «hasta el último día» no como coletilla sino porque la fecha elegida le deja aún tres Consejos de Ministros, incluyendo el de hoy, en los que podrá aprobar varios paquetes de reales decretos-ley que aún podrán realizar todo su recorrido en el Congreso. Según fuentes socialistas, «hay tiempo para impulsar cuestiones pendientes e importantes que el Gobierno quiere sacar adelante». La disolución de Las Cortes el próximo día 5 de marzo pondrá fin a la actividad legislativa ordinaria, esto es la tramitación de leyes cuyo proceso aún no haya concluido. Sin embargo, la disolución no afectará a los reales decretos-leyes que hayan sido ya aprobados por el Consejo de Ministros y se encuentren pendientes de convalidación. Todos ellos podrán ser debatidos y votados en la Diputación Permanente -el órgano del Congreso que sustituye al Pleno durante los periodos de disolución de Las Cortes o entre ambos periodos de sesiones- si el Gobierno así lo necesita durante el mes siguiente a su aprobación por el Consejo de Ministros. Así pues, Sánchez dispondrá de mes y medio a partir de hoy, hasta el final de marzo para seguir aprobando medidas que le favorezcan de cara a la campaña electoral. En cuanto a las leyes en proceso de tramitación, dispondrán hasta el 4 de marzo para completar su tramitación. El calendario de sesiones plenarias establece dos semanas más de pleno ordinario antes de esa fecha lo que significa que podrán entrar básicamente los textos que regresen al Congreso después de haber sido aprobados por el Senado. La semana que viene, por ejemplo, serán debatidos en el pleno cuatro proyectos de ley. La reforma de la Propiedad Intelectual; la nueva regulación de los contratos de crédito inmobiliario; la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria y la mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. También se elevará al pleno la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. No hay duda de que la convocatoria de elecciones y el ambiente de campaña electoral impregnarán los debates y el trabajo parlamentario de las próximas dos semanas. En este contexto, se debatirá el próximo martes una proposición no de ley del PP para instar al Gobierno a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela que, dado que Sánchez así le reconoció a primeros de febrero, se traducirá un debate político sobre la situación en aquel país. El PSOE también defenderá una proposición no de ley para erradicar la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Ambas iniciativas tienen recorrido político porque evidenciarán si existe una mayoría parlamentaria que les apoya, pero no legislativo ya que no son vinculantes para el Gobierno. El PP también pedirá la toma en consideración de una proposición de ley para modificar el Código Penal con el objetivo de reforzar el Estado de Derecho y las instituciones del Estado, pero aunque esta iniciativa se aprobada no podrá completar su tramitación antes de que se disuelvan las Cortes y, por lo tanto, decaerá. Lo mismo sucederá con las proposiciones de ley que se puedan aprobar el martes siguiente o en las distintas comisiones. Ayer el Ejecutivo aprobó varias cuestiones importantes, además de la exhumación de Franco. Derogación de la LOMCE El proyecto de ley educativa del Gobierno a través del cual se deroga la Lomce del PP y se actualiza la Loe aprobada por los socialistas en 2006, nació fallido. Ayer aterrizó en el Consejo de Ministros el anteproyecto que le quita valor a la Religión, ataca a la concertada y no blinda al castellano en las aulas de Cataluña o Baleares. Sin embargo, el texto final de la «ley Celaá» (llamada Lomloe) ha suavizado el tono respecto al anteproyecto que tantos quebraderos de cabeza produjo a la comunidad educativa que criticó la falta de consenso, pese a que el Gobierno ha sostenido siempre todo lo contrario, y que no fue enviado al Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno, antes de llegar al Consejo de Ministros. Es absolutamente imposible por tiempos aprobar un proyecto de ley en el Congreso en dos semanas, por lo que el anuncio de ayer tiene solo el fin propagandístico informa Josefina G. Stegmann. Movilidad verde El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las bases del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible dotado con 45 millones de euros. Un programa dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. Según el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros «los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los de 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 €». Pensiones militares El Consejo de Ministros aprobó también un Real Decreto por el que se regulan «las pensiones e indemnizaciones del régimen de clases pasivas del Estado a los militares de complemento y a los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal». El Gobierno defiende que de esta forma se va a conseguir «un régimen único de prestaciones con independencia de la fecha de ingreso a las Fuerzas Armadas y el Régimen de Seguridad Social al que se pertenezca». Acuerdos internacionales El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes varios acuerdos internacionales con Perú, Arabia Saudí y Montenegro, acuerdos que van desde el intercambio de información clasificada en el ámbito de la defensa, en el caso de Perú, hasta el transporte aéreo con Arabia Saudí.
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La Fundación Franco anticipa un recurso ante el Supremo a la espera de la familia (Sat, 16 Feb 2019)
El Consejo de Ministros acordó ayer la exhumación de los restos de Francisco Franco, tras «culminar» un proceso administrativo que no garantiza que vaya a llegar a término. Pero como estaba previsto, y según anunció la ministra de Justicia, Dolores Delgado, «se ha acordado realizar la exhumación dando un plazo de 15 días a la familia para que comuniquen dónde quieren enterrar sus restos con la salvedad de la Catedral de La Almudena». En todo este proceso, la familia sorprendió al Gobierno ya que en una de sus alegaciones en las que se oponía al proceso de exhumación, manifestaba que en caso de que finalmente ésta tuviera lugar solo aceptarían que la inhumación fuese en la cripta familiar en la capilla de la Almudena. En pleno centro de Madrid. Para evitarlo el Ejecutivo, a través de la Delegación de Gobierno en Madrid elaboró un informe que impedía su inhumación en ese lugar por cuestiones de orden público. Ahora se pide a la familia que elija un lugar pero que no sea La Almudena. Si hubiese acuerdo o silencio el Gobierno se sentiría capacitado para proceder con la exhumación. «A falta de un señalamiento de reinhumación compatible con los parámetros legales y de orden público y seguridad ciudadana, corresponderá al Gobierno la decisión sobre el mismo», asegura el Gobierno. De no ser así, y si como parece la familia insiste en La Almudena, se entrará en un complejo proceso que terminará en los tribunales. De entrada la Fundación Francisco Franco emitió un comunicado en el que anticipa que «recurrirá el acuerdo definitivo de exhumación» ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo. Por tanto, la esperada negativa de la familia a la inhumación en un lugar que el Gobierno acepte va a dilatar el proceso. Aunque ayer la ministra no quiso «especular» al no tener encima de la mesa un recurso ante el Supremo, lo cierto es que esta certeza va a dejar sin fecha la exhumación: «Vamos a ir por pasos [...]. No es que no quiera concretar, ya me gustaría. Es que hay que ir paso a paso», dijo Delgado, que argumentó que no puede conocer todavía si el Supremo va a aceptar o no las medidas cautelares. Próximos pasos La respuesta de la familia Los nietos del dictador tienen hasta 15 días para responder al Gobierno. Si insisten en La Almudena y presentan un recurso solicitando medidas cautelares el proceso se paralizará con total seguridad. ¿Qué puede hacer el Gobierno? El Ejecutivo dejó ayer claro que sólo una medida cautelar del Supremo evitaría que procediesen a la exhumación aunque no haya acuerdo con la familia. ¿Pueden entrar en El Valle de los Caídos? El Prior del Valle, Santiago Cantera, rechaza la exhumación. La ministra de Justicia aseguró ayer que aunque sea lugar de culto, no queda «excluida» la competencia de la «autoridad civil».
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Procesión electoral con inicio de campaña en plena Semana Santa (Sat, 16 Feb 2019)
Ayer Pedro Sánchez asumió su derrota parlamentaria y anunció que el próximo 28 de abril se celebrarán elecciones generales de forma anticipada. El calendario, más complejo de lo habitual, sitúa la campaña electoral en plena Semana Santa y la conformación de las nuevas Cortes Generales en medio de las campañas para los comicios europeos, autonómicos y municipales, que tendrán lugar el 26 de mayo. Fin de legislatura Según marca la ley, las elecciones deben celebrarse 54 días después de la disolución de las Cortes Generales. Para ello, el Gobierno debe promulgar un real decreto de disolución y convocatoria de elecciones el 4 de marzo, previa deliberación del Consejo de Ministros, para que se publique en el Boletín Oficial del Estado el mismo día 5; momento en el que se cierra de forma oficial la presente legislatura. Hasta ese momento, el funcionamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo continúa con total normalidad, por lo que el Gobierno podrá aún consumar la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, así como intentar derogar parte de la reforma laboral del PP. Contará para ello con dos Consejos de Ministros ordinarios más y dos sesiones plenarias en el Congreso. Hasta las elecciones, además, continuará reuniéndose la Diputación Permanente de la Cámara Baja, por lo que podría intentar llevar ahí más medidas. Campaña electoral El Viernes de Dolores (12 de abril) comienza la campaña electoral a las 00 horas, cumpliendo con los 15 días marcados en la ley y la jornada de reflexión en la víspera de las elecciones. El Domingo de Ramos, el Viernes, el Sábado Santo, el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua se enmarcan en la campaña oficial, aunque Gobierno y partidos estén ya de precampaña. La oficial concluirá el viernes 26 de abril a las 23.59 horas. Elecciones El domingo 28 de abril se celebrarán las elecciones generales para elegir los diputados y senadores que representarán a los españoles en las Cortes Generales, y el Congreso de los Diputados designará posteriormente al nuevo jefe del Ejecutivo. El coste aproximado de celebrar este proceso es de 130 millones de euros. En las elecciones generales que tuvieron lugar el 26 de junio de 2016, el Estado desembolsó 55,9 millones de euros en gastos de las administraciones públicas, 12,5 millones en logística electoral –urnas, locales, papeletas, etc.–, 13,9 millones en telecomunicaciones y 46,4 millones en propaganda política. Nuevas Cortes El real decreto que promulgue el Gobierno para convocar elecciones deberá fijar también la fecha de la constitución de las nuevas Cortes Generales, en un plazo de máximo veinticinco días después de la celebración de los comicios, por lo que el Congreso y el Senado surgidos de las urnas se establecerán, con toda seguridad, a la vez que se desarrollen las campañas electorales de cara a los comicios europeos, autonómicos y municipales del 26 de mayo. Los partidos obtienen una subvención de 21.167,64 euros por escaño –tanto en Congreso como en Senado– y 0,81 euros por voto. Resto de comicios El domingo 26 de mayo, ni un mes después de las elecciones generales, será el turno de las europeas, autonómicas y municipales. Esta es la primera vez en veinte años que coinciden las elecciones europeas con las municipales, por lo que todos los procesos electorales de España –con la salvedad de las elecciones catalanas, vascas, gallegas y andaluzas, que tienen su propio calendario– se juntarán en menos de 30 días.
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El secesionismo augura más inestabilidad (Sat, 16 Feb 2019)
El independentismo ha precipitado el final de la legislatura, y seguirá bloqueando la siguiente si no se afronta el «problema de Cataluña». Los partidos secesionistas, los mismos que posibilitaron la moción de censura contra Mariano Rajoy, los mismos que han dejado caer a Pedro Sánchez al no apoyarle las cuentas, anticiparon ayer el tono con el que van a afrontar las elecciones de abril: sin concesiones. Si la coincidencia de la celebración del juicio del 1-0 hizo imposible que PDECat y ERC permitiesen la aprobación de los Presupuestos, las próximas generales, con el proceso en Supremo celebrándose de manera simultánea al proceso electoral, anticipan más tensión, en campaña y después de ella. «España es ingobernable si no se afronta el problema político con Cataluña», señaló ayer a modo de advertencia la consejera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, quien sin asumir la parte de responsabilidad que ha tenido el secesionismo en el fin de la legislatura acusó a Sánchez de haber apostado por la «estética» en lugar de afrontar con «coraje» la cuestión catalana, subrayando que es «más importante que nunca» que el independentismo gane «fuerza» en las generales. «No puede haber estabilidad en España mientas se siga gobernando de espaldas a Cataluña», insistió la consejera y portavoz, cuestionando al presidente y líder del PSOE por «ceder» a las presiones de PP, Ciudadanos y Vox. En cualquier caso, apuntó Artadi, lo que no hará el soberanismo es dar carta blanca a una nueva investidura de Sánchez sin pactar antes el precio, como ahora dicen reprocharse: «No se volverá a pagar por avanzado». «Bloque del 155» En este escenario, la tesis en el independentismo, asumiendo también que una victoria clara de lo que denominan como el «bloque del 155» puede dejarles sin aire, es que solo una victoria de un PSOE en posición de debilidad puede permitirles volver a instalar la agenda soberanista en Madrid. Así, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, llamó ayer a lograr una victoria independentista el 28 de abril para insistir con su programa. «El republicanismo tiene una obligación: ganar las elecciones y, una vez ganadas, volver a decirle al mundo y a la sociedad española que solo hay una salida, el diálogo, la negociación y contemplar en esta negociación un referéndum de autodeterminación», apuntó desde Barcelona. ERC, para sorpresa del PDECat, reconocen a ABC fuentes de este partido, ha virado en las últimas semanas hacia posiciones de máximos, lo que se tradujo en el veto a los PGE y en la «defensa política» de Oriol Junqueras ante el TS. Probablemente, un punto de partida más cómodo para afrontar las dos elecciones de primavera que el relativo pragmatismo que el independentismo más irredento -sector Waterloo- calificaba directamente de colaboracionista. Guerra interna La guerra por la hegemonia en el seno del secesionismo se libra sin cuartel, y la confección de las listas va a ser la siguiente batalla. Con ERC concurriendo en solitario, la batalla más cruenta se da entre los herederos de Convergència. El PDECat se resiste ante los embates de la Crida -el movimiento-partido impulsado por Carles Puigdemont y el procesado Jordi Sánchez-, que sigue viendo al grupo de parlamentarios en el Congreso del partido como un ente que no controla, proclive al entendimiento con el PSOE. Uno de sus cabezas visibles, y de los que más empujó a favor de que el PDECat aprobase a Sánchez las cuentas, es el portavoz Carles Campuzano, que ayer lamentaba el adelanto electoral. Si en el seno del PDECat se asume que la ruptura con la Crida va a ser inevitable a corto o medio plazo -el plazo límite se pone en unas próximas autonómicas-, el nuevo mapa electoral complica aún más el escenario. La convocatoria electoral se produce de forma simultánea al inicio del juicio del 1-0, lo que el secesionismo pretende aprovechar para seguir conlas movilizaciones en la calle. Hoy mismo, partidos y entidades han convocado una manifestación en la Gran Vía de Barcelona, que se prevé importante a tenor de los autbouses que ya se han movilizado. Los organizadores confían en llenar un tramo de dos kilómetros entre la plaza de España y la de la Universidad. Será el prólogo de la próxima cita en la agenda secesionista, la huelga general convocada por el sindicato independentista la Intersindical para el jueves 21.
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Un mitin en La Moncloa (Sat, 16 Feb 2019)
Fue el primer acto de una precampaña que será larga. Pedro Sánchez supo concitar la atención de toda España y no quiso perder la ocasión de ofrecer una declaración institucional en la que actuó más como candidato del PSOE que como presidente del Ejecutivo. Moncloa como impagable plataforma para lanzar consignas, aunque sea en perjuicio del prestigio de la institución que representa. Veinte minutos para trasladar un mensaje que dio en 30 segundos, pero que revistió de propaganda, medias verdades y algunas mentiras. He aquí algunas de ellas: «Un Gobierno (el de Rajoy) sumido en una parálisis legislativa» Esta afirmación no se sostiene: el Ejecutivo de Rajoy acababa de aprobar los Presupuestos en el Congreso, algo inalcanzable para Sánchez. Ese Gobierno había aprobado la ley más importante del año, nada que ver con la parálisis. Es más, esas cuentas son las que han permitido sostenerse a Sánchez nueve meses, aunque sea a trompicones. «El PP fue condenado por financiación irregular y por enriquecimiento ilícito» El PP fue condenado por la Audiencia Nacional como partícipe a título lucrativo del caso Gürtel, una responsabilidad civil. La esencia de la figura es que no conociste el delito, pero sí te beneficiaste de la trama. Los escándalos de corrupción que asolaron al PP son de tal gravedad que no hace falta inflarlos ni mentir. «Un Gobierno (el de Sánchez) abierto y ejemplar» No se trata de desautorizar aquí la trayectoria profesional de los ministros, pero tampoco se puede obviar que en solo nueve meses ha habido dos dimisiones (Màxim Huerta y Carmen Montón) y escándalos que han afectado a las ministras de Economía, Nadia Calviño; de Justicia, Dolores Delgado; de Educación, Isabel Celáa, y de Ciencia, Pedro Duque. Amén de la negativa del presidente del Gobierno a dar explicaciones en sede parlamentaria sobre el escándalo de su tesis doctoral, desvelado por ABC. Ninguno de ellos asumió responsabilidad ni fue ejemplar dando explicaciones, salvo Duque en este último caso. «Un Gobierno dispuesto a consensuar con el diferente, necesario en nuestro país el consenso y no la crispación» Cuando el domingo pasado decenas de personas salieron a la calle con banderas constitucionales y sin siglas de partidos, desde el Gobierno se lanzó una campaña de estigmatización a la que el PSOE le puso nombre: «No al antifascismo». Curiosa forma de «consensuar con el diferente» por parte de Pedro Sánchez. «El tercer eje de este Gobierno ha sido reforzar nuestras instituciones democráticas» No se compadece esta afirmación con, por ejemplo, con la creación de una mesa de partidos extraparlamentaria a nivel autonómico y nacional, así como la creación de la figura de un relator para contentar a los independentistas. Si alguien sufre con la creación de estas figuras son las instituciones a las que sustituye, que son las únicas depositarias de la soberanía nacional: el Parlament, el Congreso y el Senado. «Más de una veintena de reales decretos leyes y 13 leyes» Sánchez saca pecho de un modo de gobernar basado en el «decretazo», cuando ésta es una medida que, según la Constitución, exige «extraordinaria y urgente necesidad» y que por ello sortea el debate parlamentario. Todos los presidentes han abusado del «decretazo», pero nadie ha sacado pecho de ello. Sánchez sí. «Después de 7 años de injusticia social, de austeridad, de recortes del Estado del bienestar» Analizar los siete años del Gobierno de Rajoy sin tener en cuenta que en 2011 España estaba al borde del rescate y camino de los 6 millones de parados es un análisis parcial, propio de un líder de la oposición, pero impropio de un presidente del Gobierno en el uso de la palabra en el Palacio de la Moncloa. «La oposición ha antepuesto su interés al interés general al bloquear leyes importantes» Al presidente del Gobierno no le parece bien que la oposición del PP se oponga a la derogación de leyes que aprobó Rajoy, como la reforma laboral o la Ley de Seguridad Ciudadana, o a leyes que van en contra de su ideario, como la Ley de Eutanasia. ¿Eso es desleal o es defender su ideario y el de quiénes les votan? Tampoco le parece bien que Ciudadanos vote lo que considere conveniente, y lo atribuye al «filibusterismo parlamentario»
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Podemos arrincona a Sánchez al vetar un pacto con Rivera (Sat, 16 Feb 2019)
La alianza parlamentaria de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se ha tornado en rivalidad política. En Podemos vistieron ayer su intervención con un manifiesto discurso de precampaña electoral: se alzan como la alternativa a la «derecha reaccionaria». Y aunque le tendieron la mano al PSOE para la próxima legislatura, también le marcaron las primeras líneas rojas al todavía presidente del Gobierno. La número dos de Podemos y portavoz en el Congreso, Irene Montero, agitó ayer el fantasma de la derecha desde la sede de la formación y recurrió al «voto útil» de Unidos Podemos. Montero apeló a la movilización de su electorado en medio de su peor momento demoscópico y tras la crisis abierta tras el portazo de Íñigo Errejón para concurrir bajo el sello de Más Madrid en la Comunidad de Madrid. Con la derecha más agitada que nunca, la número dos de Podemos defendió que «la España democrática sabe que además de movilizarse tiene que salir a votar» para frenar «a los odiadores profesionales» del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La carrera electoral arrancó ayer en Princesa 2 sin el secretario general, que cumplirá íntegramente su baja por paternidad y volverá a finales de marzo para afrontar la campaña. Fue Montero la encargada de advertir ayer a Sánchez de los márgenes que no puede cruzar si quiere tenerles de su lado. «Es imposible pactar con Cs, que se ha situado en la extrema derecha», aseveró Montero, vetando la posibilidad de un futuro acuerdo del PSOE y Ciudadanos como el de las elecciones de 2016. «Nosotros nos juntaremos con quienes quieran mejorar la vida de la gente», continuó. La dirigente de Podemos tendió ayer la mano a Sánchez, pero insistió en la necesidad de reconstruir la mayoría de la moción de censura para configurar un Ejecutivo de acuerdos que dé «más estabilidad para implementar decisiones políticas» y se sustente en una «base parlamentaria más amplia». El rechazo a los Presupuestos, sostuvo Montero, se debió a la debilidad parlamentaria del PSOE, aunque también culpó a ERC y PDECat de su «grave irresponsabilidad». Sin Errejón, el jefe de campaña Con la marcha de Errejón, Podemos se quedó sin su jefe de campaña, ya que éste era uno de los puestos que ocupaba en el partido desde 2014. Todo apunta a que el comité de campaña que se creó en noviembre para los comicios de mayo y que está integrado por el secretario de Organización, Pablo Echenique, el secretario de Comunicación, Juanma del Olmo y Montero será, junto con Iglesias, el órgano artífice de las maniobras que llevarán al partido hasta el 28 de abril.
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Ciudadanos quiere encabezar una nueva versión del Gobierno andaluz (Sat, 16 Feb 2019)
«Después de nueve meses de escapada, se acabó la legislatura de Rajoy y de Sánchez». Albert Rivera inició ayer su precampaña particular en el Congreso, situando a Pedro Sánchez como el enemigo a batir, pero recordando los casos de corrupción del PP y sus pactos con los nacionalistas en el pasado. La idea que ronda por la cabeza del presidente de Ciudadanos es la de reeditar el pacto de gobierno alcanzado en Andalucía, con los votos de Vox, pero esta vez con su partido liderando la alianza. Fuentes de la Ejecutiva de Cs admitieron ayer que manejan encuestas internas que le dan un 20% de intención de voto al PP y un 19% a ellos, pero confían en dar la vuelta a la tortilla y superar a los populares de aquí al 28 de abril. «Esta Legislatura se acabó políticamente el 24 de mayo, cuando el PP fue condenado por corrupción en el caso Gürtel», señaló Rivera, que también denunció los Pactos del Majestic alcanzados en su día entre el PP y los nacionalistas catalanes. Albert Rivera: «No les quepa duda de que si el señor Sánchez puede reeditarlo, resucitará a Frankenstein» El líder liberal se erigió ayer como el único que tiene claro que «los nacionalistas –entre los que incluyó al PNV– no son socios» y cargó contra «cuarenta años de PP y PSOE pactando con los nacionalistas». «Los catalanes nos hemos sentido vendidos», remató. Cs pretende reubicarse en el centro político y situarse como alternativa al bipartidismo en dos sentidos distintos: la batalla contra el independentismo, y el fin de las «trincheras ideológicas» y de la división entre «rojos y azules». El discurso de Rivera quiere resultar atractivo e integrador, al ser también consciente de que no puede alcanzar el gobierno sin contar con los votos del PP, por lo que le ataca a la vez que le tiende la mano. Así, aunque tiene claro que los constitucionalistas tienen que sumar para derrocar a Sánchez y a sus socios, lanzó un dardo a los de Pablo Casado:«Lo que tienen que dirimir los españoles es quién encabeza la alternativa: un proyecto liberal, moderno y del siglo XXI, o un proyecto conservador, con cincuenta y tantos casos de corrupción por resolver y hablando del aborto y del pasado». Un cordón sanitario Rivera sí descartó al PSOE para futuros acuerdos postelectorales –dijo que «tiene que pasar a la oposición» para «rectificar»– y alertó contra la intención de Sánchez de «resucitar» el «Gobierno Frankenstein». Distinta es la posición sobre Vox, y es que Rivera apuntó que es posible «llegar a acuerdos» con «ultraconservadores y populistas», aunque no definan su modelo de país. El único cordón sanitario: «Quienes quieren destruir España».
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Abascal celebra el adelanto electoral en pleno auge de Vox: «Es el fin de una legislatura infame» (Sat, 16 Feb 2019)
En Vox aplaudieron ayer el adelanto electoral, luego se frotaron las manos. No tienen nada que perder. Los sondeos vaticinan su irrupción en el Congreso y muestran un crecimiento galopante. El líder del partido, Santiago Abascal, no realizó ayer ninguna intervención oficial, pero celebró en Twitter «el fin de una legislatura infame que empezó con un Gobierno incapaz y cobarde, y termina con un Gobierno ilegítimo y traidor». Abascal buscará reeditar a nivel nacional el pacto con el Partido Popular y Ciudadanos al que se llegó en Andalucía tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre. La fortaleza con la que salga de los comicios del 28 de abril será clave en un panorama parlamentario que se anticipa dividido en dos frentes . Vox trabajará para ser la llave de un Gobierno contra Sánchez, quien buscará apoyos en el bloque de la moción de censura. En las elecciones generales de 2016 Vox solo obtuvo un 0,2% de los votos, pero ahora todo apunta a que tendrán su propio grupo parlamentario. Además, ser acusación popular contra los presos del «procés» en pleno desarrollo del juicio será una importante carta electoral a jugar en campaña. La semana que viene el partido celebrará un Comité Ejecutivo Nacional para marcar calendario y decidir si agilizan sus primarias, que tenían fijadas para marzo, para elaborar sus listas .
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Casado entra de lleno en campaña: «Sánchez volverá a pactar con los independentistas» (Sat, 16 Feb 2019)
El Partido Popular llevaba casi nueve meses exigiendo elecciones generales, y ayer, cuando se supo que Pedro Sánchez elegía la opción del 28 de abril, con una campaña en plena Semana Santa, y a menos de un mes de las elecciones municipales autonómicas, municipales y europeas, de Génova no salió ni una crítica. «Estamos contentos», confesó Pablo Casado en la sede nacional del PP. En Génova había ayer cierto ambiente preelectoral, con un cartel de su presidente en modo candidato y una siglas diminutas junto a su nombre. Casado compareció ante los medios para colgarse la medalla de la rendición de Sánchez: «La oposición firme y dura del PP ha tumbado al Gobierno de Sánchez», sentenció. El presidente de los populares alertó de que Sánchez volverá a pactar con los independentistas. En el PP se extendió la alegría por la convocatoria electoral: hay ganas de medirse cuerpo a cuerpo con Sánchez en las urnas, tras una moción de censura que nunca fue bien digerida por los populares. Ayer, los populares aguantaron el «mitin» de Sánchez en La Moncloa con el cronómetro en la mano: «Ha tardado 24 minutos en anunciar la convocatoria electoral y 42 hasta que ha hablado de Cataluña», aseguró Casado. El líder del PP, acompañado de su equipo, afirmó que su partido está «preparado para ganar, para conseguir una mayoría suficiente y para gobernar, no para empatar». El ganador y los pactos Fuentes del PP cuentan que tienen encuestas internas que les sitúan varias décimas por delante del PSOE, a pesar de que los sondeos que se han publicado hasta ahora les colocan por detrás. En todo caso, Casado insistió en un mensaje que será clave estas elecciones: pasó el tiempo en que debía formar Gobierno el partido ganador en las urnas. El triunfo se medirá por los pactos y la capacidad de formar una mayoría para la investidura y para gobernar. Los pactos serán imprescindibles tras el 28 de abril, pues las mayorías absolutas hace años que pasaron a mejor vida en España. Casado aseguró que el PP no pactará con el PSOE, con los independentistas ni con Podemos. Su intención es lograr un acuerdo como el de Andalucía, con Ciudadanos y Vox, pero lo que desea en realidad es la «reunificación» del centro derecha. Ese es su anhelo verdadero, aunque cree que solo se producirá desde el Gobierno, una vez que el PP vuelva al poder. Mientras, Casado quiere hacer una campaña «en positivo», en la que evitará los ataques directos a sus socios potenciales, Ciudadanos y Vox. El candidato de los populares se centrará en tender la mano a los antiguos votantes del PP que en algún momento eligieron otras siglas políticas, para que vuelvan, y «aglutinar» así el máximo número de votos del centro derecha. Casado quiere evitar criticar a los partidos en los que esos votantes se sintieron a gusto alguna vez. La campaña del PP será así «aglutinante» del voto de centro derecha, «de la España de los balcones», sin olvidar al votante centrista del PSOE decepcionado con los pactos de Sánchez con los independentistas. Casado aseguró que el 28 de abril será una elección entre «un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del 155». El PP insistió ayer en que la intervención en Cataluña será la primera medida que tomará cuando llegue al poder, y lo hará de forma fulminante, para acabar de una vez con el desafío independentista. Diálogo con los separatistas El líder del PP está convencido de que Sánchez seguirá dialogando y pactando con los independentistas. De hecho, el presidente socialista no negó ayer en ningún momento que después de las elecciones vuelva a tender la mano a los separatistas. Más aún, Casado cree que el «espíritu de Colón» fue fundamental para que Sánchez diera marcha atrás con la figura del relator en las negociaciones con los independentistas. «Sánchez convoca elecciones porque le hemos pillado negociando con Torra. Desde Pedralbes llevaba dos meses intentando llegar a acuerdos», subrayó, para desmontar el que va a ser el principal hilo argumental del PSOE en la campaña: que es mentira que Sánchez tuviera un pacto con los separatistas. Con quien no ha hablado Sánchez, tampoco en esta ocasión al decidir la fecha de las elecciones, ha sido con el jefe de la oposición. Casado acusó al líder socialista de «mentir» de forma continua desde la moción de censura, y de volverlo a hacer ayer mismo, al «ocultar» las razones verdaderas por las que convoca las elecciones generales: «Es por la fractura del PSOE y por unos barones que no querían coincidir con Sánchez en los actos de las elecciones de mayo, porque es un lastre para su partido».
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Sánchez va a las urnas por la fractura en la derecha y no descarta pactar con separatistas (Sat, 16 Feb 2019)
Pedro Sánchez y su equipo están convencidos de poder ganar las elecciones generales del próximo 28 de abril «de forma rotunda». Ese y no otro es el motivo por el que el presidente del Gobierno decidió anticipar las elecciones, algo que nunca quiso hacer pero que quienes trabajan con él aseguran que contemplaba desde que en diciembre decidió que presentaría los Presupuestos Generales del Estado pese a no tener, como quedó constatado, garantías para su aprobación. La decisión y la fecha de las elecciones se cerró el lunes en un encuentro del núcleo duro del presidente del Gobierno. Se llegó a ella tras discrepancias internas que abogaban por adelantar la fecha y otras por unirlas a las elecciones de mayo. Sánchez no justificó ayer más que «es mejor no mezclar» las elecciones. En esto último coincide, sin que sirva de precedente, con presidentes autonómicos como Javier Lambán y Emiliano García-Page, que no querían bajo ningún concepto la coincidencia electoral. Sánchez defendió que el 28 de abril le parece «una buena fecha», pese a que gran parte de la campaña electoral se desarrollará durante la Semana Santa. Sánchez, que hasta diciembre barajó gobernar sin Presupuestos, ayer se amparó con ironía en la ausencia de los mismos para justificar el adelanto electoral: «Llámenme clásico, pero sin Presupuestos no se puede gobernar. España no merecía quedar varada por los intereses particulares de quienes solo tiran de crispación para hacer oposición». Las tres derechas Como reconocen en el gabinete del presidente, en Moncloa están seguros de haber conseguido «el relato» que Sánchez llevaba buscando desde su llegada a la presidencia del Gobierno. Y este no es otro que el de explotar hasta la saciedad una idea: «la foto de las tres derechas» de la plaza de Colón. Ayer Sánchez convirtió el anuncio de la fecha de las elecciones en un acto de campaña y aseguró que «es evidente que la derecha, con sus tres partidos, defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos, solamente caben ellos». Ese será el primer eje de campaña. El otro es asociar a estos con los independentistas por haber tumbado los Presupuestos Generales del Estado. «El presupuesto es una propuesta de país: teníamos que presentarlos. Lo hicimos y no salieron adelante: hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales. La ciudadanía ha visto lo que queríamos para este país». El relato victimista que también le funcionó en las primarias de su partido tras ser defenestrado el 1 de octubre de 2016 vuelve a cobrar protagonismo. «Votan no a la tramitación de unos PGE sociales después de 7 años de injusticia social, austeridad y recortes. Unos Presupuestos buenos para los españoles y para todos los territorios de nuestro país bloqueados porque así lo ha querido la oposición». Instantes después de acusar a la oposición de «haber utilizado las instituciones con intereses partidarios», Sánchez usaba su atril presidencial para hacer campaña. Primero se centró en aquellas cosas que no ha logrado sacar adelante y que presentó como oferta electoral: la eutanasia, la brecha salarial, la pobreza energética o la derogación de la ley mordaza. Y siguió recordando tres medidas a modo de gancho electoral que no decaerán pese a la no aprobación de los Presupuestos: «La revalorización de las pensiones, el alza del salario mínimo y el aumento del sueldo de los empleados públicos están garantizados. Este es el compromiso del Gobierno y vamos a cumplir». Los cálculos de Sánchez Sánchez tiene montado todo un equipo de análisis electoral bajo su mando en Moncloa. Los socialistas en estos momentos contemplan que ganarían las elecciones generales y manejan datos que los situarían «por encima» de los 110 escaños. Y aunque este equipo no fue capaz de leer lo que iba a suceder en Andalucía, ahora están convencidos de que serán la primera fuerza por la fractura a su derecha entre PP, Ciudadanos y Vox. Es más, desde el entorno del gabinete se mostraban ayer convencidos de que «las derechas no suman, y a partir de ahí el único presidente posible es Sánchez». Pero pese a esas afirmaciones Sánchez es consciente de que lograr una suma para gobernar será mucho más difícil que una eventual victoria electoral. Por eso evita descartar ninguna fórmula, ni mucho menos la que le hizo presidente a través de la moción de censura. Preguntado por esos futuros, sobre si está dispuesto a reeditar su pacto con Podemos y los independentistas o sobre si giraría hacia Ciudadanos si lo necesita: «¿Por qué no dejamos primero que hablen los españoles?», dijo como única respuesta. Apenas una semana después de haber estado dispuesto a pactar con los independentistas una mesa de partidos con un relator, Sánchez quiere explotar el no acuerdo de los Presupuestos para intentar dar la vuelta a la imagen de haber cedido ante ellos, por lo que exhibirá un tono más duro en su contra: «Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada», repitió ayer. Elecciones autonómicas Esta cuestión será crucial de cara al día después. Los presidentes autonómicos, conformes con no ir juntos a las urnas pero preocupados porque sus campañas coincidan con las primeras negociaciones, temen verse salpicados por un nuevo acuerdo con los independentistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, valoraba la situación así: «Lo que ha puesto fin a esta legislatura ha sido el intento de autodeterminación de los independentistas catalanes», con lo que quería advertir que con ellos no se puede gobernar. En la misma línea que el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ya apostó en la víspera por «grandes acuerdos» para que que la gobernabilidad de España no dependa «del separatismo catalán ni de la extrema derecha». El mandato de Sánchez se ha quedado en un amago. En un quiero y no puedo. Ni adelantó las elecciones nada más llegar a la Moncloa cuando podía tener todo a favor y se lo sugerían algunos de sus colaboradores ni ha logrado estirar su mandato hasta el final. Lo mismo ha pasado con sus medidas estrellas, anunciadas a bombo y platillo pero que no han visto la luz. Ahora se lo jugará todo a una carta en un incierto panorama electoral que no promete sacar a España de la inestabilidad. Sánchez se juega su futuro y con él el de todo el PSOE.
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Macron: «El 11 de marzo será la jornada nacional de las víctimas del terrorismo» (Sat, 16 Feb 2019)
Emmanuel Macron ha decidido instaurar la jornada nacional de homenaje a las víctimas el terrorismo, que se celebrará cada año, el 11 de marzo. El presidente de la República anunció hace meses esa decisión de principio. Quedaba por decidir la fecha exacta de la conmemoración. La Asociación francesa de víctimas del terrorismo defendía la fecha del 19 de septiembre, en recuerdo del atentado contra un avión francés, en el que murieron 170 personas el 19 de septiembre de 1989. Tras una larga reflexión, Emmanuel Macron ha elegido la fecha del 11 de marzo, que recuerda los atentados de la madrileña estación de Atocha, el 2004. La elección del 11 de marzo tiene una evidente dimensión europea, que el Elíseo subraya de este modo: «Se trata de rendir homenaje de la Nación a las víctimas de los atentados cometidos en Francia y a las víctimas de otros atentados cometidos en el extranjero. Lo recordaremos de manera simbólica, cada año, el mismo día que se celebra la jornada europea de las víctimas del terrorismo». «De este modo, concluye Emmanuel Macron, insistiremos en la unidad de destino de los Estados miembros de la Unión Europea ante el terrorismo».
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La India buscará «aislar a Pakistán en el mundo» por el atentado en Cachemira (Sat, 16 Feb 2019)
La India elevó ayer las acusaciones contra Pakistán al implicarlo en el peor ataque en la Cachemira india en tres décadas de rebelión armada, un atentado con coche bomba en el que el jueves murieron al menos 42 policías y del que Islamabad se distanció, al considerar las críticas infundadas. El atentado, reivindicado por el grupo terrorista Jaish-e-Mohammad (JeM), tuvo lugar a 20 kilómetros de la capital regional de verano, Srinagar, cuando un atacante suicida detonó su vehículo cargado de explosivos al paso de un convoy de la Fuerza Central de Policía de Reserva (CRPF). El ministro indio de Finanzas, Arun Jaitley, sentenció ayer, a la salida de una reunión del Comité de Seguridad del Gabinete indio (CCS), que Pakistán está «directamente implicado». Jaitley anunció que la India retirará el estatuto de «nación más favorecida» a su vecino, una denominación que implica beneficios en el comercio entre naciones. «El Ministerio de Asuntos Exteriores iniciará todas las medidas posibles, y me refiero a todas las medidas diplomáticas necesarias para asegurar el completo aislamiento de Pakistán en la comunidad internacional», añadió. Nueva Delhi ha acusado reiteradamente a Islamabad de apoyar el «terrorismo transfronterizo» y de permitir y auspiciar el funcionamiento en su territorio de grupos terroristas islámicos que buscan desestabilizar la Cachemira india. Ambos países han librado dos guerras y numerosos conflictos bélicos menores por el control de este territorio, uno de los más militarizados del mundo. Por su parte, Pakistán «rechazó enérgicamente» las acusaciones indias por considerar que no se ha producido una investigación que demuestre sus vínculos con el atacante. Islamabad afirmó que el ataque «es una cuestión preocupante» y aseguró que siempre han condenado la violencia en Cachemira, donde denuncia con frecuencia que las autoridades indias violan los derechos humanos.
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Trump desata la guerra política tras declarar la emergencia nacional para el muro (Sat, 16 Feb 2019)
Donald Trump lleva dos años en busca de financiación para construir el muro en la frontera con México, su promesa electoral más cacareada. En campaña, aseguró –y sus seguidores coreaban– que quien lo pagaría sería México. Cuando eso se confirmó imposible –aunque el presidente estadounidense insiste en que acabarán pagando a través de aranceles comerciales– no tuvo más remedio que dirigirse a quien en EE.UU. tiene la potestad constitucional para aprobar gastos: el Congreso. Con la oposición demócrata en bloque y defecciones en su propio partido, Trump se ha pegado una y otra vez contra una pared tan dura como la que quiere construir en la frontera sur. Ahora, se ha lanzado a una opción que incluso sus aliados más leales ven como problemática: la declaración de emergencia nacional, que le permite apropiarse de fondos sin la luz verde del Congreso. Era un resorte que Trump podría haber utilizado desde su primer día en la Casa Blanca. O que hubiera podido aprovechar el pasado diciembre, cuando el bloqueo político por una ley de gasto que no incluía los 5.700 millones de dólares que él quería para el muro acabó en un cierre gubernamental. Se hubiera ahorrado el cierre más largo de la historia del Gobierno de EE.UU. y el sufrimiento de las familias de los 800.000 funcionarios que se quedaron sin sueldo durante semanas. Si Trump no declaró la emergencia entonces es porque es consciente de a dónde le lleva: una batalla judicial y política durante meses, que salpicará a la reelección en 2020. Este viernes, Trump compareció en los jardines de la Casa Blanca para anunciar lo que se presumía desde la víspera: la firma de una declaración de emergencia para contener «la invasión de nuestro país con drogas, traficantes de personas y todo tipo de criminales y bandas» desde la frontera con México. Con ello, accederá a unos fondos que, según la Casa Blanca, sumarían cerca de 8.000 millones de dólares. A cambio, Trump dio luz verde a la última propuesta de gasto del Congreso, acordada por republicanos y demócratas, que solo otorgaba 1.375 millones de dólares para construir vallas. La ratificación de esta ley por parte del presidente evitó otro cierre gubernamental, que habría entrado en vigor este sábado. Trump ofreció una explicación confusa y deslavazada de la declaración de emergencia nacional. Negó que su empeño tuviera que ver con una promesa electoral. Aseguró que se trataba de parar la entrada de drogas y criminales, pero luego admitió que la pujante economía de EE.UU. atrae a más inmigrantes. Dijo que el gasto en el muro «se compensará» con la menor necesidad de invertir en patrullas y agentes de seguridad. Defendió, contra lo que indican los datos de la Agencia Antidroga (DEA, en inglés), que «los grandes cargamentos de droga» no entran por los puestos de frontera. Ante el cuestionamiento de la «invasión» por parte de un periodista –la entrada de inmigrantes indocumentados ha caído en los últimos años–, respondió que eso era «fake news». Aseguró que, fuera de la financiación del muro, «tenemos mucho dinero para la frontera, no sé qué hacer con él, es una locura». Y reconoció que para construir el muro «no necesitaba hacer esto, pero prefiero hacerlo más rápido». La batalla que viene La Casa Blanca deberá refinar sus argumentos para defender una declaración de emergencia nacional que, sin duda, está camino de los tribunales. Tanto la oposición demócrata como parte de los republicanos consideran que es un abuso de poder de la potestad presidencial. El propio Trump reconoció el camino judicial que tiene por delante: «Me van a denunciar, y posiblemente tenga una sentencia en contra y luego otra sentencia en contra. Acabaremos en el Tribunal Supremo, donde espero que lo traten de forma justa». Trump ya ganó una batalla judicial sobre inmigración –el veto a varios países islámicos– en la instancia judicial más alta del país, después de reformular varias veces su decreto presidencial. Ahora, el Supremo tiene mayoría conservadora, después de los dos nombramientos que Trump ha hecho durante su mandato, pero qué determinación tome sobre este asunto es una incógnita. Los demócratas advierten: «Nos vemos en los tribunales» J. Ansorena | Corresponsal en Nueva York La promesa electoral de Trump del muro en la frontera con México dominó parte de la campaña presidencial de 2016 y ahora apunta a que absorberá parte de la atención política en su carrera por la reelección. Los líderes demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi -presidenta de la Cámara de Representantes- y Chuck Schumer -líder de la minoría opositora en el Senado-, emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaron el abuso de poder de Trump con la declaración de emergencia nacional para cumplir una promesa electoral: «El Congreso no puede permitir que el presidente rompa la Constitución en pedazos». Prometieron pelea «en el Congreso, en los tribunales y en la opinión pública». La fiscal general del estado de Nueva York, la demócrata Letitia James, aseguró que se opondrá «con todas las armas legales a nuestra disposición». El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la emergencia de «desgracia nacional»: «Te verás con California en los tribunales», amenazó. Entre quienes reaccionaron con más rapidez fueron algunos de los demócratas que ya han presentado su candidatura. La senadora Kamala Harris, una de las favoritas, criticó que la emergencia debería aplicarse a asuntos como el cambio climático o el acceso a cobertura médica, «no a juegos políticos para construir un muro ruinoso en la frontera». Amy Klobuchar, Sherrod Brown o Bernie Sanders también mostraron su oposición, al igual que hicieron algunos republicanos, como Rand Paul, Susan Collins o Marco Rubio.
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López Obrador abrirá una universidad en la ciudad natal del Chapo (Sat, 16 Feb 2019)
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), visitó el viernes La Tuna, una pequeña población en el norteño estado de Sinaloa en la que nació el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias «el Chapo». El objetivo del mandatario con su visita al municipio de Badiraguato —al que pertenece La Tuna— es anunciar a creación de una universidad que busca fomentar la actividad forestal. «No se deben de estigmatizar pueblos. Badiraguato es un pueblo con historia, donde vive mucha gente que merece respeto», dijo AMLO durante su habitual conferencia de prensa matutina antes de salir para Badiraguato, municipio donde nació el capo de la droga en 1954. La visita se produce apenas cinco días después de que una corte en Nueva York declarara culpable a «el Chapo» de los diez cargos que se le imputaban, entre los que se incluyen delitos como participación en empresa criminal, distribución de cocaína a nivel internacional y uso de armas de fuego. Badiraguato está ubicado en una zona montañosa, por lo que AMLO aprovechó para anunciar también un programa para sembrar árboles a lo largo de 50.000 hectáreas y la construcción de una carretera a través de la sierra hacía Guadalupe y Calvo, un municipio en el estado de Chihuahua. Con estas iniciativas, el gobierno mexicano espera crear cerca de 20.000 empleos en las zonas aledañas a Badiraguato. Es la primera visita que AMLO realiza al denominado como Triángulo de Oro desde que llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 2018. El Triángulo de Oro una extensa área de montaña en el norte de México que cuenta con un clima ideal para el cultivo de la marihuana y de la amapola, planta utilizada para producir heroína. Al ser una zona montañosa, es un área es ideal para esconder los campos de cultivo y protegerse de redadas policiales. Otra importante ventaja es que el Triángulo de Oro está tan sólo a 300 kilómetros de la frontera de Estados Unidos, el país que más estupefacientes consume en todo el planeta.
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